Por Urgente24 de DIARIO HOY.- Es muy llamativo, y a la vez preocupante, que la presidente Cristina Kirchner haya demostrado una vez más tener cara de piedra y, como si hubiese nacido de un repollo, se haya llenado la boca diciendo que hay que democratizar la Justicia. La verdad es que si hay algo que caracteriza al kirchnerismo desde sus orígenes, es la manipulación que intenta ejercer sobre jueces y fiscales en función de sus propios intereses políticos y personales, encontrando eco en la mayoría de los casos.
La verdad es que si hay algo que caracteriza al kirchnerismo desde sus orígenes, es la manipulación que intenta ejercer sobre jueces y fiscales en función de sus propios intereses políticos y personales, encontrando eco en la mayoría de los casos. Escuchar hablar a la Presidenta sobre transparencia judicial genera el mismo efecto que Ricardo Barreda disertando sobre violencia de género.
Cabe recordar, en ese sentido, que el juez Raúl Eugenio Zaffaroni, el ministro más K de la Corte Suprema de Justicia, que no disimula su pertenencia al oficialismo, está involucrado en un escándalo que se desató cuando se descubrió que en varias de sus propiedades funcionaban prostíbulos relacionados con la trata de blancas. Es más, pese a las declaraciones de ayer, el kirchnerismo se viene negando a acelerar una reforma legislativa que aumente las penas para este delito: en la actualidad, un proxeneta declarado culpable recibe menos pena que una persona que se roba una vaca en un campo.
El manejo de jueces y fiscales es una práctica que también despliega la gran mayoría de los gobernadores ultrakirchneristas, como es el caso del tucumano José Alperovich, cuya esposa, la senadora Beatriz Rojkés, es amiga de CFK y ocupa el tercer lugar en la línea sucesoria presidencial (está al frente de la estratégica presidencia provisional del Senado, cargo al que se llega a partir de la bendición de quien está sentado en el sillón de Rivadavia).
El estallido social, que ayer se generó como consecuencia del estupor que generó el fallo en el caso de Marita Verón, tuvo características muy similares a lo ocurrido a principios de los ‘90, cuando, luego del asesinato de María Soledad Morales, se produjeron marchas, reclamos y contundentes muestras de repudio que terminaron con la intervención de la provincia de Catamarca. Y puso fin a la dinastía política de los Saadi en ese territorio.
Pasaron más de veinte años, y los Saadi, al igual que los Alperovich, forman parte del kirchnerismo. Nada es casualidad.
Es evidente que durante los diez años de gobierno K, las redes de trata, de las que fue víctima Marita Verón, así como el flagelo del narcotráfico, han crecido de forma acelerada. Y esto es producto de la delicada situación económica y social en la que se encuentran varias provincias, gobernadas por señores feudales que se mantienen en el poder a partir de las formas más infames del clientelismo político.
Si existe trata de blancas, es porque el núcleo de la sociedad, como es la familia, está seriamente deteriorado por la marginalidad, la indigencia extrema y la promiscuidad. Lamentablemente, hasta que no se solucionen los desequilibrios económicos y sociales, en la Argentina seguirá habiendo muchas Marita Verón, víctimas de estas redes delictivas.
La indignación que se vio ayer en todo el país también estuvo dirigida a gran parte de la denominada corporación judicial, que históricamente transa con el poder político. Desde hace años, el kirchnerismo viene nombrando a dedo a jueces y fiscales. Y hay numerosos magistrados que, sin cortapisas, responden a la Casa Rosada. Tal es el caso del inefable Roberto Oyarbide, un juez con serios problemas de conducta que, en tiempo récord, sobreseyó a los Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito.
Pero no todo está perdido. Hay funcionarios judiciales honestos y capaces, que aún no se han dejado cooptar por el poder político, que deberían comenzar a alzar la voz y reclamar urgentes cambios. Mientras se mantengan callados, serán cómplices de esta corrupción generalizada que atraviesa transversalmente los tres poderes del Estado. Los que se dicen impolutos deberían recordar, en ese sentido, la recordada frase que pronunció Nelson Mandela, durante su lucha contra el apartheid en Sudáfrica: “No me preocupan los gritos de los deshonestos, de los sin escrúpulos, de los delincuentes. Me preocupa el silencio de los honestos”.
